José Breijo lleva más de dos años privado de libertad en el Internado Judicial de Tocuyito, en Carabobo, luego de ser acusado de terrorismo por, presuntamente, fotografiar una bandera. Con 73 años y una medida cautelar de arresto domiciliario recientemente otorgada, el ciudadano uruguayo-venezolano regresó a su apartamento en Bello Monte. No encontró lo que esperaba.
Maryorin Méndez @maryorin_m
El inmueble donde vivió por más de dos décadas estaba ocupado por un funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado. Tras la presión ciudadana y mediática, el funcionario desalojó la vivienda a medianoche. El lugar estaba completamente vacío. Breijo pasó varios días durmiendo en el pasillo del edificio, con el apoyo de sus vecinos.
Su salud se deterioró rápidamente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Clínicas Caracas con problemas respiratorios severos y edema pulmonar. La Defensoría del Pueblo activó una comisión especial bajo la coordinación de la defensora Eglée González Lobato, y tras gestiones adicionales se autorizó su traslado a una clínica privada.
El activista Carlos Julio Rojas señaló que la movilización ciudadana fue determinante para lograr la atención médica, pero aclaró que eso no es suficiente: Breijo también tiene derecho a su vivienda y a condiciones dignas para cumplir la medida judicial.
El caso tiene seguimiento consular por parte de Uruguay y mantiene abierto el debate sobre las condiciones reales de quienes salen bajo medidas cautelares en Venezuela.
