Fiscal de Perú solicitó detención preventiva para Keiko Fujimori

José Domingo Páez, fiscal anticorrupción en la investigación Lava Jato, solicitó prisión preventiva para Keiko Fujimori. La solicitud la hizo al juez Victor Zúñiga Urday a quien también pidió que revoque la orden de comparecencia con restricciones impuesta a la excandidata, quien está acusada de lavado de activos.

De acuerdo al pedido, al que pudo acceder este Diario, el fiscal sostiene que Keiko Fujimori viene incumpliendo las reglas impuestas por una sala superior, en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas 2011 y 2016.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, se lee en el requerimiento.

El fiscal señala como uno de los argumentos para su solicitud la conferencia de ayer miércoles, donde se presenta a Torres como abogado y vocero político de la persona jurídica Fuerza Popular.

Pérez explica en su requerimiento que Miguel Torres ha sido ofrecido como testigo en la acusación fiscal y la defensa de Keiko Fujimori ya está al tanto de esta información. El Poder Judicial notificó la acusación el 4 de junio.

El representante del Ministerio Público agrega que Torres, además, declaró ante su despacho el 3 de setiembre de 2020, diligencia donde participó Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.

En el requerimiento se incluyen capturas de pantalla de la conferencia de prensa donde se ve a Keiko Fujimori junto con Miguel Torres, y dan cuenta de la presentación de 802 recursos de nulidad para dejar sin efecto la votación del candidato Pedro Castillo.

En marzo pasado, el fiscal José Domingo Pérez solicitó una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Con información de El Comercio

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