En el marco de la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra, este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
La actualización comprende el período entre el 2 de julio y el día de hoy, en ella hizo referencia a los recientes indultos, las protestas, la libertad de expresión, las acciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la pandemia, las sanciones, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y el clima político electoral del país.
En este sentido, informó que el pasado 14 de septiembre reconoció la adopción reciente de medidas “positivas” por el Gobierno de Venezuela, como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con su oficina. Aseguró que seguirá brindando asistencia técnica al Gobierno.
Bachelet aseveró que su Oficina “siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina”.
Se refirió a los casos de dos manifestantes muertos en Anzoátegui y Zulia, presuntamente por la acción de las fuerzas de seguridad. “El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos”, acotó.
Bachelet dijo que han observado restricciones a la libertad de expresión. “Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”.
Por otra parte, reconoció los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, expresó su preocupación sobre el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir el Covid-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares.
“Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad relativos al Covid-19 en los centros de detención. Pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad”.
Bachelet dijo que “asociaciones profesionales han informado que el 33 por ciento de las muertes por Covid-19 han sido del personal de salud debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales”.
Afirmó que la pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria. Indicó que Cáritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020.
Bachelet alertó sobre posibles sanciones al diesel. “La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales. Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia”.
Al igual que en anteriores informes, Bachelet se refirió a los operativos de seguridad en los sectores populares.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020”.
Consideró como positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto.
Bachelet manifestó preocupación por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.
Por último, consideró crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. “Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos”.
Con información de Unión Radio