En medio de los hechos terribles donde dos niñas fueron violadas y asesinadas, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, instó a la Corte Suprema de Justicia a trabajar en la propuesta.
La cadena perpetua como pena no ha existido nunca en el país centroamericano y juristas temen su perversión. Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la tipificación de delitos de “crímenes de odio” no existe en la legislación del país, siendo la declaración del mandatario una forma de “intimidar a la población”.
El analista político, Mauricio Díaz, considera que la medida podría usarse como un arma política. Para Díaz el poder Jurídico del estado ampliaría su accionar y podría ser el comienzo de una retaliación contra aquellos que se oponen a Ortega. “Este no es un estado de derecho, no hay un Poder Judicial independiente” aseguró, añadiendo que el órgano responde a un “caudillo” más que a una institucionalidad.
