Primero llegaron las denuncias, ahora la evidencia. Desde que el Gobierno de Donald Trump comenzó a deportar a El Salvador a venezolanos, acusándolos de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, los familiares y defensores de los derechos de migrantes alzaron la voz. Aseguran que esos hombres no son ni han sido pandilleros, sino que fueron mal identificados debido a prejuicios por su nacionalidad, su ropa o sus tatuajes.
Una demanda presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU), una de las organizaciones de derechos civiles más importantes del país, busca ahora comprobar estos alegatos. En contraposición a las acusaciones de la Administración republicana, la principal prueba es un formulario utilizado para determinar la pertenencia a la pandilla venezolana y, por ende, la designación como enemigo extranjero, mediante un sistema de puntos. El umbral para ser considerado miembro del Tren de Aragua es bajo: ocho puntos.
El documento proporcionado por ACLU empieza con tres criterios básicos: la persona interrogada debe tener 14 años o más, ser venezolana y no tener ciudadanía ni residencia estadounidense. A continuación, sigue una tabla con 20 criterios divididos en seis subgrupos: Sentencias Judiciales y Documentos Oficiales, Autoadmisión, Conducta Criminal e Información, Documentos y Comunicaciones, Simbolismo y Asociación. Cada vez que se cumple una de las condiciones, se suman entre dos y diez puntos.
En las primeras secciones, si el sujeto ha sido condenado por violar la ley estadounidense en relación con el Tren de Aragua, se marcan diez puntos, por ejemplo. No hay más complicaciones si la persona admite ser parte de la pandilla. Sin embargo, cuando se trata de inteligencia estadounidense o testimonios de víctimas que vinculan al individuo con la pandilla, los puntos varían entre tres y cuatro, según la fuente de la información. Además, si se encuentran comunicaciones verificables o transferencias financieras a miembros conocidos del Tren de Aragua, se suman entre tres y seis puntos.
Las últimas dos secciones son las más controvertidas, ya que se enfocan en los tatuajes, la vestimenta, las fotos en grupo o los supuestos símbolos de pertenencia a la pandilla. Por ejemplo, tener tatuajes que «denotan membresía o lealtad al Tren de Aragua» suma cuatro puntos. Otros símbolos, como las publicaciones en redes sociales o actividades con miembros conocidos, otorgan dos puntos. Estos criterios, según los expertos, son subjetivos, pues muchos de estos símbolos, como la ropa deportiva de equipos estadounidenses, son comunes en la sociedad general.
Además del formulario, ACLU también incluye guías del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Patrulla Fronteriza para identificar a miembros del Tren de Aragua. En ellas se mencionan tatuajes como trenes, coronas, estrellas, AK-47, relojes, el símbolo de Jordan o la frase «Real hasta la muerte». Sin embargo, las guías se contradicen en algunos puntos.
Por ejemplo, el DHS sugiere que el uso de prendas de los Chicago Bulls es un indicio de pertenencia a una pandilla, mientras que la Patrulla Fronteriza afirma que esa ropa es común entre los venezolanos y no debe considerarse prueba definitiva.
La demanda de ACLU y las pruebas presentadas llegaron dos semanas después del inicio de una controversia que podría llegar hasta el Tribunal Supremo. Las deportaciones de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua comenzaron el 16 de marzo, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley, de 1798, solo puede aplicarse si el país está en guerra y los deportados forman parte de una «fuerza invasora», pero fue congelada por el juez federal James Boasberg tras los primeros vuelos con venezolanos hacia El Salvador.
Desde entonces, Trump ha llevado el caso hasta la Corte Suprema, mientras los vuelos se reanudan desafiando la orden del juez. Además, fuera del ámbito legal, ha habido numerosos testimonios que refutan las acusaciones de pandillerismo. La denuncia de ACLU recoge historias de personas deportadas injustamente, basándose solo en un tatuaje como prueba de pertenencia al Tren de Aragua, lo que demuestra una persecución arbitraria contra los venezolanos.
En una breve respuesta a los medios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que existen «criterios» para garantizar que estos individuos sean clasificados como terroristas extranjeros y, por lo tanto, deportables. Sin embargo, esa “letanía” de criterios parece reducirse a un número concreto: ocho.
Fuente: El País.
