Casi mil dólares al día. Esa es la sanción que la Administración de Donald Trump tiene en mente imponer a cada migrante con orden de deportación si no abandona Estados Unidos. Aquellos que no paguen la multa diaria de 998 dólares también podrían enfrentarse a la confiscación de su propiedad por parte de las autoridades.
Cerca de 1,4 millones de migrantes, cuya expulsión ya ha sido ordenada por un juez de inmigración, podrían ser objeto de esta nueva medida del Gobierno del republicano, que planea aplicar las multas de forma retroactiva durante un máximo de cinco años, lo que podría generar penalidades superiores a un millón de dólares, según Reuters.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya había advertido sobre las multas a través de una publicación en redes sociales a finales del mes pasado, en la que instaba a los migrantes a autodeportarse mediante la aplicación CBP Home, antes conocida como CBP One bajo la Administración de Joe Biden. Esta herramienta ahora permite a los usuarios entregar sus datos personales a las autoridades migratorias y salir voluntariamente del país.
En un post del 31 de marzo, se afirmaba: “La aplicación CBP Home da a los extranjeros ilegales la opción de SALIR AHORA y autodeportarse. Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca volverán”. Entre las consecuencias por no usar la aplicación se mencionaba una multa diaria de 998 dólares, además de otra multa de entre 1.000 y 1.500 dólares para aquellos migrantes que no se autodeporten después de haber indicado que lo harían, además de posibles penas de cárcel.
Reuters confirmó este lunes los planes del Gobierno de imponer la multa diaria, tras acceder a correos electrónicos y otros documentos internos de la Administración. Según la agencia de noticias, la Casa Blanca ha presionado al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) para que se ocupe de las sanciones, la confiscación de bienes de los inmigrantes que no paguen y la venta de sus activos. La división de confiscación de activos civiles del Departamento de Justicia podría ser otra vía para las incautaciones.
En respuesta a Reuters, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, reafirmó que los migrantes que no se autodeporten mediante CBP Home “se enfrentarán a las consecuencias”, que “incluyen una multa de 998 dólares por día por cada día que el extranjero ilegal haya sobrepasado su orden de deportación final”.
Las sanciones se aplicarían en virtud de una ley de hace tres décadas que Trump ya utilizó durante su primer mandato. Esta norma, incorporada a la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1996, establece que todo extranjero sujeto a una orden definitiva de expulsión “que deliberadamente no salga o se niegue a salir de Estados Unidos en cumplimiento de la orden” o “conspire o realice cualquier acción destinada a impedir o dificultar” deberá pagar “una multa civil no superior a 500 dólares” por cada día.
En 2019, Trump invocó esta ley para imponer multas de entre 300.000 y 500.000 dólares a un grupo de migrantes indocumentados que se habían refugiado en iglesias para evadir sus órdenes de deportación. Las iglesias eran entonces consideradas “lugares sensibles”, donde durante décadas las autoridades migratorias no podían llevar a cabo detenciones. Esta política fue abandonada por el presidente tan pronto como asumió su segundo mandato.
La Administración Trump retiró las sanciones de cientos de miles de dólares unos meses después, pero luego procedió con multas menores de aproximadamente 60.000 dólares por persona contra al menos cuatro migrantes refugiados en iglesias. El Gobierno de Biden dejó de imponer las multas y anuló las políticas relacionadas al asumir el cargo en 2021.
Aún no se sabe cuándo comenzará el Gobierno a cobrar las multas en esta ocasión, pero un memorando revisado por Reuters reveló que el CBP no tiene capacidad para gestionar las sanciones y las incautaciones, y asignar esta tarea podría generar costos significativos. Según la nota, el CBP necesitaría al menos 1.000 nuevos especialistas paralegales, más del triple de los que tiene actualmente, según la agencia.
Fuente: EL PAÍS.
