El máximo tribunal venezolano condenó a seis ex ejecutivos de Citgo, la filial de PDVSA en los Estados Unidos, a penas de prisión de 8 a 13 años por corrupción. Así lo informó este jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Washington ha solicitado en reiteradas ocasiones a Venezuela la liberación de los ex directivos detenidos en noviembre de 2017.
José Pereira Ruimwyk, expresidente de Citgo, recibió una pena de 13 años y 7 meses de prisión en una corte de Caracas por los delitos «peculado doloso», «concierto de funcionario con contratista» y «asociación para delinquir» y además se le impuso una multa de 2 millones de dólares, 40% del «valor de los bienes objeto del delito», según una nota del TSJ.
Los exdirectivos Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José Luis Zambrano y Alirio Zambrano deberán cumplir sentencia de 8 años y 10 meses por «concierto de funcionario con contratista» y «asociación para delinquir», agregó el texto.
Pereira Ruimwyk es venezolano con residencia en Estados Unidos. El resto de los condenados tienen doble nacionalidad venezolano-estadounidense.
El fallo no tiene asidero práctico o jurídico
El abogado de Vadell, Jesús Loreto, dijo que «el fallo no tiene asidero práctico o jurídico». Agrego que «voy a apelar porque es lo que procede y porque es mi obligación», pese a expresar su «desconfianza» en el sistema legal venezolano, que considera politizado.
La sentencia también inhabilitó a los ex ejecutivos para el ejercicio de cualquier «función pública» en el futuro, añadió el TSJ.
El fiscal general, Tarek Tarek Saab, acusó a los directivos de haber firmado contratos que «comprometían el patrimonio nacional». Las familias de los ex ejecutivos, en tanto, niegan las acusaciones.
«Seguimos negando los cargos. Estamos tristes y decepcionados porque hoy no se hizo justicia», comentó Verónica Vadell, hija del ex directivo.
En medio de los constantes llamados de Estados Unidos a su excarcelación, el ex diplomático demócrata Bill Richardson viajó a Caracas para abogar por los seis detenidos. Allí consiguió que Cárdenas y Toledo pasaran a prisión domiciliaria a finales de julio pasado, pero los demás siguen recluidos en El Helicoide.
El Departamento del Tesoro estadounidense emitió medidas de protección que bloquean cualquier intento de los acreedores de esta filial de PDVSA de incautar sus acciones para resarcir deudas, luego de quedar a un paso de ser confiscada por un fallo a favor de la compañía canadiense Crystallex por la estatización de una mina en Venezuela en 2011