Erik Iván Rodríguez lleva detenido desde enero en un campamento de carpas en medio del desierto de El Paso, Texas. No tiene antecedentes criminales. Vivió ocho años en Minnesota. Y desde que llegó al Camp East Montana, dice que su salud se deterioró rápidamente: tiene problemas respiratorios, le cuesta caminar por una rodilla lesionada en detención y describe lo que vive como los peores días y meses de su vida.
Rodríguez, de nacionalidad venezolana, es uno de los cuatro demandantes que el viernes 29 de mayo presentaron una demanda federal contra el gobierno de Trump ante el Tribunal del Distrito Oeste de Texas. La acción legal fue presentada por la ACLU de Texas, la ACLU nacional, Human Rights Watch y el Texas Civil Rights Project, entre otras organizaciones. Es la primera demanda formal contra Camp East Montana, el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos.
Qué es Camp East Montana y dónde queda
Camp East Montana es un centro de detención migratoria del ICE ubicado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas. Abrió en agosto de 2025, está compuesto por carpas y tiene capacidad para alojar hasta 5.000 personas. En este momento alberga a más de 2.700 detenidos traídos desde distintos puntos del país.
El terreno tiene historia. El campamento se asienta en los mismos terrenos de Fort Bliss que albergaron un campo de internamiento para japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial. La demanda invoca esa historia explícitamente, describiendo Camp East Montana como la más reciente instalación en ese sitio con un historial de confinamiento forzado.
Las denuncias: golpizas, agua negra y presión para firmar deportaciones
La demanda detalla un patrón sistemático de abusos que las organizaciones legales documentaron a lo largo de meses de entrevistas con detenidos. Las denuncias incluyen negligencia médica grave con brotes de sarampión, COVID-19 y tuberculosis dentro del centro, golpizas por parte de guardias, acoso sexual, uso excesivo del confinamiento solitario como castigo, comida insuficiente y condiciones insalubres con drenajes desbordados de aguas negras que no se reparan con rapidez.
Uno de los testimonios más duros es el de Gerald Akari Angye, detenido de Camerún, quien fue golpeado por insistir en hablar con un abogado antes de firmar documentos. La paliza fue tal que tuvo que ser trasladado a un hospital local en silla de ruedas. “Ya había vivido torturas en mi país de origen y nunca pensé que iba a ser tratado de manera tan violenta en EE. UU.”, escribió en una carta anexa a la demanda.
Los detenidos también denuncian que el sufrimiento es deliberado, con el objetivo de presionarlos a abandonar sus casos migratorios y aceptar deportaciones voluntarias.
Cuatro muertos en menos de un año
En menos de un año desde su apertura, Camp East Montana registra tres muertes oficiales: una por suicidio, otra por falla renal y una tercera catalogada como homicidio, de un hombre que fue golpeado hasta la muerte por guardias después de pedir su inhalador. La demanda menciona una cuarta muerte no contabilizada en las cifras oficiales, de un hombre liberado días después de su detención cuyo fallecimiento las organizaciones atribuyen a negligencia médica sufrida adentro.
Bajo la administración Trump, las detenciones de migrantes en EEUU alcanzaron niveles récord: en enero el gobierno mantuvo a más de 73.000 personas detenidas, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Este año al menos 18 personas han muerto en custodia migratoria, el nivel más mortífero en dos décadas.
El contrato de mil millones a una empresa sin experiencia
El operador original del campamento, Acquisition Logistics LLC, una empresa sin experiencia documentada públicamente en detención civil, recibió un contrato por más de mil millones de dólares. Fue reemplazada en marzo de 2026 por Amentum Services Inc., también bajo un contrato sin licitación y también sin experiencia pública en operación de centros de detención.
La postura del gobierno
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones y las calificó de categóricamente falsas. “Ningún detenido está siendo abusado o golpeado”, dijo el funcionario, agregando que la agencia se toma en serio la salud y la seguridad de todas las personas bajo su custodia.
La demanda solicita al tribunal que declare las condiciones del centro como violatorias del derecho constitucional al debido proceso bajo la Quinta Enmienda y que ordene cambios inmediatos. El caso sigue en curso.
