Los partidos opositores chilenos acordaron impulsar una acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, que será ingresada la próxima semana.
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La oposición acordó avanzar hacia un juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la mañana de este 6 de octubre. Mientras que la Fiscalía ordenó una indagación de oficio en su contra.
El presidente de Chile es uno de los mandatarios involucrados en la investigación periodística conocida como Papeles de Pandora, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La publicación reveló más de casi 12 millones de documentos confidenciales que detallan operaciones financieras de personas influyentes de todo el mundo. Los documentos evidencian que Piñera utilizó paraísos fiscales de las Islas Vírgenes Británicas para la compraventa de la Minera Dominga, en el año 2010.
La diputada por el Frente Amplio chileno Claudia Mix, una de los 13 legisladores a favor del juicio al mandatario, se refirió a Sputnik sobre cómo los hechos salidos a la luz ponen en riesgo el prestigio del país.
Sobre el proceso de oficialización de la acusación constitucional, Mix estima que «se necesitan al menos 10 firmas para que sea presentada, y ya las tenemos. Es más, en total seremos 13 firmantes. Habrá un representante por cada uno de los partidos y fuerzas de oposición. Acordamos que la próxima semana la acusación será ingresada», sostuvo la diputada.
En 2016, Piñera afirmó que los paraísos fiscales deberían desaparecer ya que en muchas ocasiones se utilizaban para actividades reñidas con la ley y la moral, como el lavado de dinero u ocultamiento de dinero proveniente del narcotráfico.
«Este tipo de acciones dañan la imagen de seriedad que Chile quiere proyectar. El presidente ha dicho que no supo de la compraventa de [Minera] Dominga en su momento, y que se enteró cinco años después, algo muy difícil de creer, ya que fue un negocio entre sus hijos y su mejor amigo [Carlos Délano]», enfatizó Mix.
La diputada fue enfática en destacar cómo esta acción afecta el compromiso de probidad y transparencia que Piñera debe tener como presidente, y pone a Chile hoy en las principales portadas del mundo.
«Al parecer, no somos un país tan serio y con instituciones robustas, como el mismo Piñera ha querido promover. Sin dudas, que la imagen de Chile se está viendo afectada en estos momentos por su actuar», agregó la diputada por el Partido Comunes del Frente Amplio chileno.
La Fiscalía de Chile solicitó a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público que verifique la existencia de delitos tributarios, tráfico de influencias o negociación incompatible por parte del primer mandatario.
Desde el organismo se intentará verificar el pago de la compraventa y si este se desarrolló durante la gestión del presidente de Chile.
Ante las acusaciones, Piñera negó en conferencia su participación en el proyecto minero Dominga. Según el mandatario, los hechos fueron investigados en profundidad en 2017 por el Ministerio Público y resueltos por los Tribunales de Justicia.
A pesar de ser una compraventa del año 2010, «en su actual administración, el presidente ha realizado acciones o ha dejado de tomar decisiones para cumplir con la tercera cláusula establecida en el contrato de compraventa de Dominga, que consiste en que el Estado no declare como reserva natural la zona donde se pensaba realizar este proyecto», enfatiza Mix.
En agosto de 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto de [Minera] Dominga con 11 votos a favor y uno en contra, pese a que en el año 2017, la misma institución había resuelto rechazarlo.
Ante el porqué del cambio de rumbo tomado por la Comisión de Evaluación Ambiental, la diputada Mix afirma que «el Gobierno logró alinear a sus funcionarios, evidentemente que da para pensar que estas acciones han ocurrido para favorecer el negocio de su mejor amigo», remarcó la diputada.
«Por ejemplo, el 5 de marzo de 2018, en los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), el consejo de ministros acordó crear un área costera marina protegida en la comuna de La Higuera», comuna del norte del país donde se emplaza el proyecto minero.
«Hasta el día de hoy, el Gobierno de Piñera no ha hecho ninguna acción concreta al respecto», concluyó la diputada.
