El teniente coronel de la policía Pedro Pablo Astaiza, quien encabezó la redada de este mes, dijo que los grupos armados exigen un 10% de todo lo producido por cada máquina excavadora.
Lea también:
Astaiza dijo que la operación inmovilizó seis excavadoras por valor de unos 330.000 dólares en total, maquinaria que puede producir unos 6 kilogramos de oro al mes. Pero dijo que dentro de seis meses, es posible que los mineros hayan reparado las máquinas y las hayan vuelto a poner en funcionamiento.
El gobierno dice que ha asaltado 9.235 minas ilegales desde principios de 2019, arrestó a 3.300 personas y destruyó o desactivó 450 máquinas de dragado.
«No estamos hablando de economías básicas, de delincuentes comunes», dijo el general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de seguridad rural de la Policía Nacional. «Es importante tener claro que las comunidades no son parte de las organizaciones ilegales; se utilizan como herramientas».
La tierra y las poblaciones sufren por la minería ilegal
Desde el aire, las minas de oro ilegales parecen heridas en la densa jungla del sur de Colombia: cicatrices de tierra roja, gris y marrón que rodean estanques tóxicos.
El sonido de la policía y los helicópteros militares arremetiendo contra las colinas hace que la mayoría de los mineros huyan hacia el follaje, y solo unos pocos se quedan atrás para tratar de enfrentarse a la policía y los soldados que saltan de los helicópteros.
Son rápidamente sometidos con gases lacrimógenos y las autoridades comenzaron a prender fuego al equipo pesado utilizado para extraer oro.
La mina está ubicada en el municipio de Magui Payan, una zona remota del sur de Colombia donde no hay agua corriente y los enlaces de comunicación son débiles.
Grupos armados controlan la zona de minería
Hay poca piedad entre quienes manejan las minas que son la principal fuente de ingresos. Están controlados o al menos extorsionados por bandas del crimen organizado, en este caso grupos rivales de guerrilleros actuales o anteriores del aún activo Frente de Liberación Nacional y una facción separatista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desmovilizadas.
Las minas ilegales como la de Magui Payan son más la regla que la excepción en Colombia, y en gran parte de América Latina, donde las fuerzas gubernamentales a menudo tienen dificultades para hacer cumplir las leyes en áreas rurales remotas donde los delincuentes se han instalado.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha estimado que dos tercios del oro producido en Colombia en 2019 fue extraído ilegalmente, y un informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, financiado por el gobierno suizo, estimó en 2016 que los ingresos de las exportaciones ilegales de oro había crecido hasta superar la del contrabando de cocaína en Colombia y Perú.
En los últimos años, los fiscales estadounidenses han presentado cargos que involucran miles de millones de dólares de oro que dicen fue extraído ilegalmente en América Latina y lavado a través de bancos y otras instituciones.
Precisamente este mes, los fiscales colombianos arrestaron a 25 personas acusadas de pertenecer a grupos que venden oro ilegal y lo envían a países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
La riqueza que extraen deja atrás la devastación: minas no reguladas que utilizan productos químicos mortales para separar el oro del suelo, creando un peligro para las comunidades locales que puede durar generaciones.
“Para producir un solo gramo de oro, se deben usar cinco gramos de mercurio, y solo un gramo de mercurio puede contaminar 500.000 litros de agua, dijo el general Barrera Peña.
También es una gran pérdida de ingresos para un gobierno que necesita recursos para sus esfuerzos por cimentar su autoridad y pacificar el campo luego de décadas de conflicto con guerrillas y bandas criminales.
